Las propiedades que están en remate judicial están en un proceso de venta forzada debido a la falta de pago, lo que implica que no es una venta consentida por parte de los propietarios. Esto dificulta que las personas que están perdiendo la propiedad permitan el acceso a su vivienda, ya que tienen el derecho de mantener la posesión hasta que un juez de la República ordene lo contrario.